El planeta, el campo y la humanidad no aguantan más el modelo industrial de producción agrícola, que ha causado la emisión de gases de efecto invernadero, el acaparamiento de tierra, estragos en la salud humana y animal y la pérdida de la biodiversidad.
El 13 de febrero de 2023 se publicó un decreto, antecedido por el decreto publicado el 31 de diciembre de 2020, en los que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado.
Se instruye a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, y Tecnologías a realizar acciones en el ámbito de su competencia.
El Estado reconoce su responsabilidad en promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección de la salud y a un ambiente sano.
Se reconoce que distintas investigaciones científicas han alertado sobre los efectos nocivos que el glifosato tiene en la salud de los seres humanos, el ambiente y la diversidad biológica.
